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Los juzgados tendrán mediadores para impulsar pactos en los divorcios

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Evitar la confrontación entre las parejas, los juicios y reducir la masificación de los juzgados. Este es el objetivo que persigue el protocolo elaborado por el Colegio de Abogados de Alicante para implantar un servicio gratuito de mediación en los dos juzgados de familia del partido judicial este año. Los jueces podrán derivar a esta nueva oficina los casos en los que consideren que las partes puedan alcanzar un acuerdo. Esta medida, que ya se anunció en Elche, se extenderá posteriormente al resto de la provincia.


La iniciativa tiene el respaldo del Decanato de Alicante, de la Audiencia Provincial de Alicante y de la Generalitat. El juez decano del partido judicial, Juan Carlos Cerón, incide en que la mediación "favorecerá la resolución extrajudicial de muchos conflictos de familia". En su opinión, este programa aportará grandes beneficios porque "evitará perjuicios" a las parejas y también a sus hijos "al no someterles al paso judicial". Además, se descongestionará a los dos juzgados de Familia con los que cuenta Alicante, porque "se reducirán los divorcios contenciosos".


Cada año los dos juzgados de Familia de la capital tramitan cerca 1.700 divorcios o separaciones, de las que 500 son conflictivas, según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial. Desde estos órganos judiciales aseguran que con la crisis económica han aumentado los casos contenciosos porque los cónyuges tienen más problemas económicos y es más difícil que se pongan de acuerdo. Frenar e incluso reducir este medio millar de separaciones conflictivas es precisamente lo que persigue la mediación familiar.


La coordinadora del turno de oficio en Alicante, Lydia García Olcina, explica que la nueva oficina de mediación familiar se ubicará en el Palacio de Justicia de Benalúa. Los mediadores, con formación especializada, atenderán a los matrimonios que les deriven los jueces de familia y siempre que las partes estén conformes.

El servicio será gratuito, si bien García Olcina recuerda que "hay que buscar subvenciones para sufragar los costes, pues por el momento el Consell no los cubre".

La mediadora y responsable de Formación del Colegio de Abogados de Alicante, Isabel Moltó, indica que inicialmente los abogados que participen en la mediación no cobrarán. Aunque este servicio comenzará siendo gratuito para todos los usuarios, "estamos estudiando poder poner un precio asequible para quienes no disponen de justicia gratuita", señala.


Moltó explica que se hará un grupo de unos 30 mediadores, mayoritariamente abogados especializados, y en cada caso intervendrán dos. Lo habitual es que a cada asunto se destinen seis sesiones de una hora y media cada una. Al año podrán realizarse más de 40 mediaciones en conflictos de familia, según sus estimaciones.


Serán los jueces quienes determinen en qué casos se aplica la medicación y aunque está especialmente destinada a buscar el mutuo acuerdo en divorcios y separaciones, también se aplicará en otros asuntos de familia como modificaciones de las medidas judiciales, el establecimiento de los regímenes de visitas o la guarda y custodia de los niños. Además, podrá implantarse en cualquier momento de los procedimientos.


La gran ventaja de alcanzar un pacto es que las dos partes están de acuerdo y lo cumplirán. Sin embargo, en los procedimientos contenciosos los jueces terminan poniendo una sentencia que en muchas ocasiones no complace a alguno de los cónyuges y terminan incumpliendo la resolución judicial o recurriéndola. De esta forma, los perjudicados también pueden ahorrarse los trámites judiciales y el coste que conllevan.
El presidente de la Audiencia Provincial, Vicente Magro, respalda la iniciativa al considerar que servirá para evitar juicios y confrontaciones entre las parejas, que ahorrará sufrimiento a los menores y reducirá los recursos de apelación que tramita la Sección Cuarta de la Audiencia.

Menos separaciones por la crisis

Los honorarios de los abogados, buscar otra vivienda o pagar la pensión de los niños son costes difíciles de asumir, sobre todo cuando la crisis afecta a la pareja. La actual situación económica está llevando a muchos matrimonios a posponer el trámite de separarse o divorciarse, como refleja el descenso de casos.

En 2008 los divorcios descendieron al nivel más bajo en cinco años con 5.608 rupturas en la provincia, según datos del Consejo General del Poder Judicial. Los datos de los nueve primeros meses del año pasado reflejan que la tendencia a la baja se mantiene.


La cifra más alta de rupturas se produjo en 2006, con 6.782 casos frente a los 6.517 de 2005 y los 5.828 de 2004. El pico se produjo por la introducción del "divorcio exprés", que evita la previa separación de los cónyuges.


Pero el trabajo en los juzgados de Familia no ha descendido, pues a consecuencia de la crisis han aumentado otros trámites judiciales, como las órdenes de ejecución de las sentencias por el impago de la pensión a los hijos y las modificaciones de medidas.

Hasta los juzgados llegan padres que se han quedado en paro y que necesitan que se les rebaje el importe de la pensión, que no puede ser inferior a los 180 euros, según fuentes judiciales.

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