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Imputan al actor Sean Connery por irregularidades urbanísticas en Marbella

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El número de encausados se ha multiplicado por diez respecto de la querella de la Fiscalía Anticorrupción que en 2007 dio origen al caso. El juez que instruye la causa en el que se investigan presuntas irregularidades en el convenio de la finca Malibú, en Marbella (Málaga), ha ampliado diligencias y ha imputado a otras siete personas en este procedimiento. Entre ellas, el actor escocés Sean Connery y su mujer, así como varios abogados, según informaron ayer fuentes judiciales.

El caso suma casi una treintena de imputados, entre los que se encuentran también el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz y el ex asesor urbanístico Juan Antonio Roca. Connery, de 79 años, residió durante décadas varios meses al año en un chalé ubicado en los terrenos al pie del mar donde hoy se levantan las más de 70 viviendas que componen el complejo inmobiliario Malibú.
Las operaciones urbanísticas que culminaron en la construcción de esta promoción habrían causado, según el Tribunal de Cuentas, un perjuicio al Ayuntamiento de Marbella de más de 2,7 millones de euros. Estos hechos se investigan en el Juzgado de Instrucción número 1 de la ciudad, cuyo titular, Ricardo Puyol, ha decretado el secreto parcial de las actuaciones y ha ordenado los registros practicados en las últimas jornadas en los despachos en Marbella y Madrid del bufete de abogados Díaz-Bastien y Truan, responsables en su día de los intereses legales de Connery.
La actuación policial, a la que se ha denominado operación 'Goldfinger' -en alusión a uno de los largometrajes en los que el actor encarnó al espía británico James Bond-, se ha llevado a cabo después de que el Sepblac (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales) elaborara un informe encargado por el juez. El informe podría haber desvelado indicios de un delito de blanqueo de capitales, aunque fuentes del despacho de abogados han negado que la actuación responda a una investigación por esta práctica delictiva.
Connery y el resto de nuevos imputados en esta causa deberán comparecer a finales de mes ante el instructor del caso, que decidió la pasada semana decretar el secreto parcial de las actuaciones para todas las partes, salvo para el Ministerio Fiscal, por un tiempo no superior a un mes, según el auto al que ha tenido acceso este periódico.
La causa judicial se remonta a junio de 2007, cuando la Fiscalía Anticorrupción presentó una querella por delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación, fraude y malversación de caudales públicos contra Julian Muñoz, Juan Antonio Roca y el tasador José Mora, a quienes atribuye irregularidades en convenios sobre permutas y tasación de terrenos. La querella se desglosó en 27 diligencias. En lo que respecta a estas actuaciones, se encuentran también imputados, entre otros, media docena de ex concejales del GIL y las abogadas Raquel Escobar y María Antonia Castañón, colaboradoras jurídicas de Roca en Urbanismo.
Venta del chalé
Desde la década de los 70, Sean Connery pasó en Marbella largos espacios de tiempo junto a su mujer, la pintora Micheline Roquebrune. En 1998 puso a la venta su chalé, 'Casa Malibú', por 1.375 millones de pesetas, aunque un año después rebajó el precio hasta los 875 millones de pesetas, según recogieron entonces las informaciones periodísticas, que señalaron que el motivo de que el actor dejara Marbella era su malestar por la política urbanística del GIL.
El conflicto con el Ayuntamiento no se aclaró. Tampoco fueron diáfanas las informaciones sobre la titularidad del chalé. Héctor Díaz-Bastien aseguró en 1998 que su cliente nunca había tenido casa en la ciudad. Dos años después, el abogado firmó en nombre de la sociedad Malibú SA, propietaria de los terrenos donde se asentaba el chalé, un convenio con el Consistorio en el que éste le vendía un exceso de edificabilidad.

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