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Los socialistas denuncian al PP valenciano por financiación ilegal, cohecho y malversación

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El Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes Valencianas presentó ayer una querella por financiación ilegal y otros delitos contra el PP de esa comunidad ante la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valencia (TSJCV). La demanda, que se apoya en los informes policiales que apuntan el desvío de dinero desde empresas de Francisco Correa a la formación política, se dirige contra 17 personas, encabezadas por el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y sus más cercanos colaboradores.


Los socialistas acusan a políticos y empresarios de allegar fondos irregulares al PP, así como de los delitos de cohecho, malversación, falsedad, prevaricación, alteración contable y delito fiscal.

Junto a Camps, figuran como políticos demandados, su vicepresidente primero, Vicente Rambla; el ex secretario general del PPCV Ricardo Costa; el vicesecretario de Organización del PP, David Serra; la tesorera del partido en esa comunidad, Yolanda García; la directora general de Promoción Institucional de la Generalitat, Dora Ibars; o el ex director de Radiotelevisión Valenciana Pedro García.


Además, el PSPV apunta a los tres principales responsables de la 'trama Gürtel': el propio Correa; su hombre de confianza en Valencia, Álvaro Pérez, 'El Bigotes'; y Pablo Crespo, el lugarteniente de Correa. En la querella, también se acusa a algunos responsables de las empresas de la trama que operaban en la Comunidad Valenciana, como Cándido Herrero o el apoderado de Special Events, José Luis Izquierdo.


Constructores
El PSPV imputa esos mismo seis delitos a varios empresarios de la construcción que aparecen en las investigaciones de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), tales como Enrique Gimeno, presidente de Facsa; Enrique Tomás Ortiz, de Contratista de Obras SA; Antonio Pons, presidente del grupo Piaf; Luis Batalla, administrador de Lubasa; o Vicente Cotino, administrador de Sedesa y hermano del vicepresidente valenciano, Juan Cotino.

El texto de la denuncia tiene como eje fundamental el informe de 89 páginas que la Policía Judicial remitió al (TSJCV) que esta sede judicial se negó a incorporar a la causa de los trajes porque estaba ya archivada.

En ese documento, Antiblanqueo apuntaba que la principal empresa de la trama en Valencia, Orange Market, mantenía un sistema de doble facturación con los contratos que suscribía con el PP. Por una parte, había una contabilidad oficial, con IVA, (denominada Alicante -A-) y otra B (conocida como Barcelona).


«No existe transparencia en las actividades económicas desarrolladas por Orange Market en relación a la facturación al Partido Popular de la Comunidad Valenciana», afirmaba textualmente el informe.

Según la querella de los socialistas, de 26 páginas, era el propio Costa el «responsable de canalizar los pagos en B a Orange Market». Rambla, por su parte, «tendría como función controlar las adjudicaciones de la Administración al grupo Correa (...) y la financiación de los empresarios» a los que denuncia el PSPV.

Serra hacía el trabajo sucio como «eliminar conceptos» o «preparar talones», mientras que la tesorera libraba los fondos, siempre por «indicación» de Costa. Los empresarios señalados por los socialistas, según la demanda, sufragaban la deuda B del PP a través de «aportaciones directas».


La querella fue presentada por el portavoz del grupo socialista, Ángel Luna, para quien Camps estaba «a la cabeza» con una «gigantesca trama de corrupción».


El portavoz del PP en las Cortes Valencianas, Rafael Blasco, aseguró que los socialistas «han entrado en el camino de su autodestrucción» y tachó la demanda de «insulto a los valencianos».

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