El presidente del Tribunal del 'caso Gürtel' busca micrófonos ocultos

En plena deliberación de su Sala de lo Penal sobre la legalidad de las escuchas ordenadas en la cárcel a los implicados del caso Gürtel -la más extensa trama de corrupción vinculada al PP en toda la historia de este partido-, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco José Vieira, ha pedido a la policía que haga un exhaustivo barrido electrónico en las instalaciones de su sede judicial con el fin de comprobar si hay micrófonos ocultos. Él y los otros dos magistrados de su Sala están deliberando en estos días si admiten los recursos de los abogados de los implicados en la trama corrupta y cree que puede haber micrófonos ocultos en los despachos judiciales.

La deliberación de estos tres magistrados, entre los que se encuentra el propio Vieira, puede dar un vuelco a la investigación del caso Gürtel en el caso de que la Sala de lo Penal de este tribunal decida -por dos votos contra uno- anular una parte o el conjunto de las escuchas en prisión ordenadas en febrero de 2009 por el juez Garzón, primer instructor de un proceso que afecta a una decena de altos cargos del PP.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco José Vieira, aupado a este cargo a propuesta de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, afín al PP, sospecha que alguien puede estar espiando desde fuera lo que ocurre dentro del edificio judicial. Y por esa razón, ha pedido al responsable del Cuerpo Nacional de Policía en Madrid que haga un barrido electrónico del edificio del Tribunal Superior en busca de posibles micrófonos ocultos.

Vieira se ha reunido en las dos últimas semanas en al manos cuatro ocasiones con los otros dos magistrados de la Sala de lo Penal, ambos conservadores, José Manuel Suárez Robledano y Emilio Fernández de Castro, para resolver los numerosos recursos, una treintena, presentados por los abogados de los implicados en el caso Gürtel. Estos letrados pretenden que se anulen las grabaciones judiciales sobre las comunicaciones que mantuvieron con sus clientes en la cárcel de Soto del Real y que fueron ordenadas por el juez Baltasar Garzón. Tales intervenciones fueron instadas al juez por la Fiscalía Anticorrupción y revelan connivencias delictivas entre algunos letrados y sus clientes.

Según ha trascendido, en esas deliberaciones Vieira y Fernández de Castro se han mostrado partidarios de anular total o parcialmente las escuchas porque, según sostienen, contravienen el artículo de la Ley General Penitenciaria en el que se apoyó Garzón para ordenar las intervenciones puesto que ese precepto sólo permite esa actuación excepcional contra abogados si se trata de casos de terrorismo.

En contra del criterio de Viera y Fernández Castro, el juez Suárez Robledano defiende validar todas las escuchas realizadas y entiende que tienen valor probatorio y cobertura legal dentro de la investigación de la más extensa trama de corrupción que salpica a altos cargos del PP desde el caso Naseiro.

Determinados aspectos de las deliberaciones sobre las escuchas, que aún no han concluido, han trascendido a la opinión pública. Por eso, Vieira, que preside el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tras ser avalado por los vocales del Poder Judicial elegidos a propuesta del PP y algunos de los elegidos por el PSOE, ha trasladado su preocupación a la policía y ha pedido un rastreo. La policía aún no ha realizado el citado barrido electrónico, una operación insólita que ha causado perplejidad tanto en ámbitos judiciales como policiales.