La norma contempla el corte del acceso a Internet por los jueces si el usuario persiste en descargarse archivos protegidos por derechos de autor . La polémica ley antipiratería francesa, que prevé la suspensión de la conexión a Internet para los adeptos de las descargas ilegales, ha superado este martes por la tarde otro escollo con su aprobación en la Asamblea Nacional con 285 votos a favor y 235 en contra. Pero el culebrón no ha finalizado del todo: el nuevo texto todavía debe ser examinado por una comisión parlamentaria mixta y sometido a un voto final en el Parlamento la semana que viene. La oposición socialista también ha anunciado que presentará un nuevo recurso ante el Consejo Constitucional, lo cual retrasaría el proceso."Los artistas recordarán que hemos tenido el valor político de romper al fin con el laissez-faire y de proteger el derecho frente a aquellos que quieren convertir la Red en el terreno de su utopía libertaria", ha declarado el nuevo ministro de Cultura, Frédéric Mittérand, nombrado el pasado mes de julio, cuando la ley ya había entablado su vía crucis parlamentario. Mittérand prevé la entrada en vigor de la ley para antes de finales de año.El texto completa la ley Hadopi, nombre de la nueva autoridad administrativa independiente encargada de poner en marcha la ley, aprobada el pasado mes de mayo por el Parlamento, tras haber sufrido, contra todo pronóstico, un primer revés en la Asamblea un mes antes. El Consejo Constitucional tumbó a continuación la parte más polémica de Hadopi, la sancionadora, al considerar que sólo un juez podía dictar sentencia.Con Hadopi II, el internauta que se haya descargado contenidos ilegales recibirá un primer aviso por correo electrónico y un segundo por carta certificada si reincide en los siguientes seis meses. A continuación, será el juez el encargado de tomar la decisión de cortar la conexión a Internet por un máximo de un año.El texto definitivo lo elaborará una comisión paritaria mixta que a partir de mañana trabajará para aunar las leves diferencias de las versiones validadas por la Cámara Alta y Baja. Esta versión, en principio ya definitiva, será sometida a ratificación en el Senado el próximo 21 de septiembre y en la Asamblea Nacional el 22. Sin embargo, el Grupo Socialista ya ha anunciado que volverá a acudir al Consejo Constitucional tras la adopción definitiva, por lo que la aplicación del texto podría demorarse.
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