La Audiencia de Cádiz se plantea que un jurado juzgue la operación Karlos

La Audiencia Provincial de Cádiz se disponía a señalar una fecha para el juicio de la Operación Karlos pero en lugar de eso, la Sección Tercera ha considerado ahora que es necesario aclarar quién debe juzgar a los procesados: un tribunal de tres magistrados, tal como hasta ahora está previsto, o un jurado. Antes de tomar una decisión al respecto, el tribunal quiere saber qué opinan el fiscal y los abogados defensores de los acusados. Les ha pedido que le respondan antes de diez días.

La Operación Karlos ha entrado así en una nueva fase que puede suponer, por lo pronto, un retraso considerable en la celebración del juicio, que en principio iba a ser señalado para el primer trimestre de 2010. Si el tribunal decide, como indica el hecho de que haya optado por consultar a las defensas y al fiscal, que los procesados deben sentarse ante un jurado, la causa regresará desde la Audiencia Provincial al Juzgado de Instrucción. Allí debe ser tramitada por la Ley del Jurado y después, tras las oportunas gestiones, sería enviada de nuevo a la Audiencia.

En ese momento, ya no pasaría a manos de un tribunal de tres magistrados, sino de un magistrado que se pondría al frente del tribunal del jurado que saliese de un proceso de selección que comenzaría en esos momentos. Una primera selección de candidatos a jurados sería realizada entre unos treinta vecinos de la provincia de Cádiz, que saldrían del grupo que cada dos años es seleccionado para formar parte de los jurados que tengan que intervenir en distintos casos.

Tras el examen de las probables excusas, quedarían finalmente unos veinte candidatos de los que el mismo día del inicio del juicio saldrían los nueve miembros del jurado (y los dos suplentes) que juzgaría la Operación Karlos. El caso sentará en el banquillo a 30 acusados de participar en una estafa a la Seguridad Social con la obtención fraudulenta de pensiones de incapacidad laboral.

El fiscal sitúa al inspector médico Francisco Casto Pérez Lara y a Carlos Carretero, ex jefe de la Policía Local de Ubrique, al frente de la trama. Pide para ellos diez años de prisión por estafa, falsedad y cohecho. Entre los procesados hay cuatro médicos y también está María José Campanario, esposa de Jesulín de Ubrique. Su presencia en el caso ha convertido a la Operación Karlos en uno de los temas estrella de la prensa rosa. El fiscal solicita para María José Campanario cuatro años y medio de prisión por intentar conseguir de forma fraudulenta una pensión para su madre, también procesada.