Órganos ilegales en paquete turístico

Extranjeros pagan entre 20 y 50 mil dólares por “tour’. Perú sería uno de los países con mayor comercio, según un experto español.
En el Perú no solo se estarían comercializando órganos humanos para trasplantes al mejor postor. También se ofrecen paquetes turísticos a extranjeros que incluyen dichas intervenciones a manos de expertos médicos y de reconocidas clínicas. Con el caso del empresario mexicano Óscar Soberón, quien murió poco después de someterse a un trasplante de riñón clandestino, se puso en evidencia la aparición de estas mafias que mueven millones de dólares.


Se cree que el accionar de estas bandas ha convertido a nuestro país –con una de las tasas más bajas de donaciones: 2.5 donantes por millón de habitantes – en uno de los principales puntos de comercio en Sudamérica, al que llegan extranjeros desesperados por un trasplante. Así lo indicó Rafael Matesanz, presidente de la Organización Nacional de Trasplante de Órganos de España, país que lidera la tasa mundial de donaciones (con 34 donantes por millón de personas).

“Por cada parte humana, estas mafias cobrarían entre 20 y 50 mil dólares”, refiere el experto. Matesanz agrega que la mayoría de foráneos que vienen a esta zona en busca de un órgano es de Estados Unidos, Japón e Israel. También, de Alemania y de otras zonas de Europa.

LA INVESTIGACIÓN. Según el informe de la Cuarta Fiscalía Provincial Penal, a cargo de la doctora Luz Tecco Estrella, al que Perú.21 tuvo acceso, hay indicios serios de hasta 29 trasplantes clandestinos que se han realizado en siete clínicas. En el documento están incluidas 44 personas –casi todos médicos– en la investigación.

Como dato, según manifestó Soberón ante el Ministerio Público poco antes de morir, el pago efectuado por su familia fue de 150 mil dólares. Esta “promoción’ –siguiendo su testimonio– incluyó pasajes ida y vuelta, tours y paseos, hotel cinco estrellas, análisis preoperatorio, pieza humana, intervención quirúrgica e internamiento en la clínica. Bajo este mismo protocolo habrían sido operados otros extranjeros. Soberón llegó al Perú recomendado por un amigo cercano, también extranjero, que fue operado aquí bajo las mismas formas.

El Ministerio Público estaría investigando el caso de otro extranjero intervenido en una clínica de San Borja en setiembre de 2009. Lo increíble es que casi todos los centros médicos incluidos en las pesquisas se han negado a facilitar la información concreta con la identidad, nacionalidad e historias clínicas de los operados. De esta forma, señalan fuentes de la Fiscalía, se trata de ocultar este tipo de “turismo’, que en el Perú se daría desde hace aproximadamente 20 años.

El Ministerio Público tiene indicios de muchos casos más, nombres de otros médicos y clínicas. Sin embargo, por la complejidad del caso –es la primera vez en la historia que se investiga un hecho similar– y por la poca colaboración de los médicos y de los centros de salud privados, sería difícil tener pruebas.

SE CUBREN. La procuradora del Ministerio de Salud (Minsa), Fanny Fregueiros, denunció un retraso en las pesquisas, que se iniciaron en setiembre de 2009, luego de que la Organización Nacional de Donación y Trasplantes (ONDT) acusara a las clínicas privadas de realizar este tipo de operaciones al margen de la ley. Esta acusación y el caso Soberón empezaron a ser investigados en la 27, 10 y 35 fiscalías. Posteriormente, el despacho de Tecco Estrella se hizo cargo de todo el proceso en marzo último.

“Ya han pasado varios meses y no tenemos nada concreto. Al parecer, esta fiscalía (de Tecco Estrella) no es tan eficiente como las que tenían el caso antes. Lo cierto es que los implicados se están cubriendo y complicando las investigaciones”, comentó Fregueiros. La funcionaria aseguró que en julio se tendrían nuevas luces respecto al caso.

CAMBIAR LEYES. A pesar de haber una persona fallecida –Soberón–, varios médicos identificados por la Fiscalía que participaron en su operación –Mario Toribio Garrido y Christian Miranda Orrillo, entre otros– y la clínica ubicada –Santa Lucía–, no hay hasta el momento ninguna persona detenida. Matesanz sostiene que el marco normativo que rige en nuestro país sería uno de los factores que permite el accionar de estas mafias.

“La ley no puede ser “tibia’. Se requieren sanciones severas para frenar el problema. En España, no solo las personas que negocian el órgano –como ocurre en el Perú– son sancionadas con cárcel, sino todos los involucrados –entre 6 y 12 años–, llámese médicos, enfermeras, dueños de las clínicas, donante, receptor, etcétera”, afirma el experto.

En su opinión, una buena forma de frenar los trasplantes ilegales sería judicializando las intervenciones, como ocurre en su país, donde el magistrado es quien aprueba las donaciones luego de un seguimiento de cada caso.

En el Perú, a inicios de junio, se publicó el reglamento de la Ley 29471, que propone a los donantes expresar su voluntad, de manera confidencial, a través de un acta. Luego de morir, esta no podrá ser modificada ni por sus familiares. Tal cambio fomentaría la donación, mas no controlaría el tráfico.

Por Miguel Sarria