Esta iniciativa del Gobierno, realizada gracias a los datos recopilados con la ayuda de las comunidades autónomas y de las asociaciones, muestra en distintos colores todas las fosas de las que tiene constancia la Oficina de Víctimas: las exhumadas, las exhumadas parcialmente, las que contenían cuerpos que fueron trasladados al Valle de los Caídos, las que han desaparecido bajo alguna infraestructura o las que aún no han sido tocadas. Además, ofrece información de utilidad a víctimas y familiares.
En total, 2.246 fosas señaladas en la Península, de las que prácticamente la mitad se encuentran repartidas entre Aragón (594) y Andalucía (492). Tras estas dos comunidades, están Castilla y León (187), Cataluña (151), Castilla-La Mancha (139), País Vasco (92), Comunidad Valenciana (85), Madrid (51), Extremadura y Galicia (46 en cada una), Navarra (16), Cantabria (7), La Rioja y Murcia (6 en cada una), Baleares (4), Canarias (2) y Ceuta y Melilla (una fosa en cada ciudad autónoma).
Preguntado por la repartición de las fosas a lo largo de la geografía española, Emilio Silva, periodista y promotor de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), asegura, con las cifras en la mano, que realmente se han hecho "muy pocas exhumaciones". "Casualmente, donde más se han hecho es donde no hay mapa, en Castilla y León, que es donde nosotros más fosas hemos abierto y no porque seamos muy activos sino porque hay muchas".
La ignorancia sobre lo que pasó ha sido una política de Estado y no se debería permitir
Silva también valora que el trabajo realizado por iniciativas privadas ha permitido el reconocimiento de Andalucía como la segunda comunidad con más fosas de España. "En Andalucía, sobre todo las asociaciones, se han pateado pueblo a pueblo para conocer el número de fosas". No desaprovecha la oportunidad y pide reconocimiento para el trabajo de estos colectivos que, en su opinión, han sido los precursores de la búsqueda de víctimas: "Debería haber otra banderita de cuáles son las fosas que se han abierto por iniciativa de administraciones públicas."
Mientras tanto, señala que en otras comunidades como Extremadura, en las que se ven muy pocas fosas señaladas en el mapa, los datos no tienen por qué corresponderse con la realidad, ya que son zonas las que hubo "mucha represión".
En cuanto a la iniciativa del mapa, Silva lo ve como algo "interesante", que debería ser llevado a los centros de enseñanza porque desde que Franco murió "la ignorancia sobre lo que pasó ha sido una política de Estado y no se debería permitir."
Sin embargo, cree que su utilidad radica más en lo público que en lo privado, ya que las familias suelen conocer dónde están sus familiares, y que el mapa no es más que el "prólogo" de lo que hay que hacer. "(El mapa) es un trocito. Lo realmente útil es que el Gobierno ahora vaya con el mapa y exhume a las personas que están allí enterradas. Que cumplan con la resolución de Naciones Unidas ratificada por el Gobierno en 2009 y con su obligación, que no es elaborar un mapa sino erradicar las desapariciones."
Y es que, según el periodista, existen violencias para las que se exige "verdad, justicia y reparación. Y hay otras violencias para las que el Gobierno hace un mapa".
Para el historiador Julián Casanova, "la web está bien, contiene información útil". Comparte con Silva la opinión de que quizá no es la mejor herramienta para la investigación pero sí sirve para conocer qué archivos existen sobre el tema, las ayudas que las familias pueden recibir, etc. "Todo lo que sea transparencia en la información y la investigación es muy útil. Pero tiene que haber transparencia definitiva en los archivos judiciales."
En cuanto a las declaraciones realizadas este miércoles por el vicepresidente del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, en las que aseguraba que es "prácticamente imposible" identificar los restos acumulados en el Valle de los Caídos (punto de destino de muchos de los restos que fueron exhumados en fosas de toda España), ambos especialistas coinciden en la necesidad de que el Gobierno se haga cargo de esta labor y de que se permita a las familias realizar las investigaciones que consideren pertinentes.
"Puede que los restos estén en tan mal estado que no se van a poder identificar", explica Casanova, pero matiza: "Hay que estar allí para saberlo". "Una cosa es identificar los nombres y otra los cuerpos. Muchas familias se conformarían con saber que sus familares están en el Valle de los Caídos", asegura.
Por su parte, Silva afirma no conseguir entender "por qué el Gobierno no dice voy a buscar las fosas y recuperar a los desaparecidos". En su opinión sobre el Valle, aunque existan dificultades "es necesario convertir ese lugar en un sitio más digno que cuente su propia historia, quienes fueron y por qué les eligieron a ellos (los fallecidos) para estar allí".
Un recurso para la información y la investigación
Si se teclea www.memoriahistórica.gob.es, se accede a esta nueva iniciativa del Gobierno que tiene como objetivo ofrecer la información que se conoce sobre las fosas de la Guerra Civil española. Es posible obtener datos sobre el origen del enterramiento, su descripción y su evolución e historia, así como el número de víctimas; aparecen igualmente los nombres, apellidos, sexo y edad de las personas sepultadas.
Pero los datos no se restringen sólo a las fosas. También hay información sobre los archivos públicos relacionados con las víctimas de la contienda y la dictadura, además de sobre las prestaciones y pensiones a las que tienen derecho las víctimas y sus familares.
En la página quedan recogidas las actividades vinculadas a la recuperación de la memoria histórica que pueden ser subvencionadas; las declaraciones de reparación y reconocimiento personal, que ya han recibido 950 personas, y la concesión de la nacionalidad española a los miembros de las Brigadas Internacionales.
El Gobierno hace también balance de los 570 símbolos o vestigios franquistas que ya han sido retirados de los edificios públicos, en su mayoría del Ministerio de Defensa (400), en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica.
El número total de símbolos registrados para su eliminación es de 705 y el documento permite conocer al detalle sus características, la situación en que se encuentra y la actuación acordada para cada uno, de acuerdo con la comisión de expertos encargada del asunto.
www.publico.es/
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