El juez de Gürtel pide al Consell que identifique a los altos cargos que contrataron con la trama

P. R. F.
El juez Antonio Pedreira, el instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, no pierde ni un minuto a la hora de adentrarse en los entresijos de la ramificación valenciana de la trama, que salpica directamente a la Generalitat y al PP. Apenas 24 horas después de airearse un reciente informe pericial que describe cómo el Consell amañaba las contratas para acabar adjudicando "a dedo" a la red que dirigían Francisco Correa y El Bigotes, el magistrado ha dado, de inmediato, el siguiente paso: requerirá a la administración autonómica para identificar a los altos cargos que ordenaron contratar con el conglomerado Gürtel.p

El instructor quiere saber quiénes eran los máximos responsables -consejeros, presidentes, directores...- de los "centros de gestión" de un total de 17 departamentos de la Generalitat, explicaron fuentes conocedoras del caso, que entre los años 2004 y 2009 contrataron con las empresas de la trama corrupta, así como determinar si continúan ocupando puestos en el organigrama autonómico. Entre los organismos afectados por el requerimiento figuran Presidencia, Vicepresidencia y las consellerias de Justicia, Territorio y Vivienda, Infraestructuras y Transporte, Turismo, Cultura, Educación y Deportes, Bienestar Social y Sanidad. También deberán ser identificados los gestores de la Agencia de Turismo, del Instituto de Evaluación, de la Agencia Valenciana de Salud, de Vaersa, de la Fundación La Luz de las Imágenes, del Proyecto Cultural de Castellón y del Sepiva. Es decir, el caso Gürtel afecta de forma directa a la gestión de todas las consellerias. También se interesa el juez por el responsable de la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional, la mercantil pública que adjudicó medio millón de euros a Orange Market, la filial valenciana del entramado Gürtel, para la fiesta de arranque de la última edición de la Volvo Ocean Race -vuelta al mundo de vela-, que salió de Alicante.
El informe de la unidad de auxilio judicial encargado por el juez Antonio Pedreira para auscultar las contrataciones de la Generalitat con la red Gürtel desvela nada menos que 85 operaciones -es la información de la que el auditor dice disponer-, 76 de ellas "troceados" para burlar el concurso, vía que sí se utilizó en los otros nueve aunque, por ejemplo, Orange Market -firma que dirigía El Bigotes- se hizo con las jugosas adjudicaciones de Fitur presentando siempre la oferta más cara. A partir de ahora, los socialistas valencianos, que pusieron sobre la mesa el documento durante la sesión de control del pasado jueves en las Cortes, también tendrán voz en el TSJ de Madrid, instrucción en la que el magistrado Antonio Pedreira les ha aceptado para actuar como acusación popular lo que les permitirá participar en el interrogatorio de El Bigotes que, tras un nuevo aplazamiento, declarará como imputado el próximo 18 de mayo.
Tras conocer la noticia, Ángel Luna, síndic del PSPV en las Cortes, definió la decisión del juez Pedreira como una "muy buena noticia para los intereses de los valencianos". Luna apuntó que, en su opinión, el juez "entiende que hay temas de suficiente gravedad y relevancia que afectan a los intereses de los valencianos. Por ello, es importante que nosotros como diputados socialistas, estemos personados en esa causa".

"No consentiremos que se nos difame"
La Generalitat trató de contraatacar y aseguró ayer, tras la reunión semanal del Gobierno, que, hasta la fecha, se ha enviado toda la información requerida por el juez Pedreira y que lo seguirá haciendo "con total celeridad y transparencia". Así, la consellera Paula Sánchez de León, en su calidad de portavoz del Consell, indicó que todos los contratos con las empresas de la red Gürtel se remitieron en su día por parte de la Abogacía General de la Generalitat a las instancias judiciales. Los servicios jurídicos y la Intervención de la Generalitat, como hicieron ya el jueves, defendieron la legalidad de las contrataciones realizadas por el Consell y criticaron el informe de la unidad de auxilio judicial encargado por el magistrado que instruye el caso Gürtel por "extralimitarse en sus apreciaciones" con unas conclusiones "desproporcionadas, infundadas e incluso falsas". Los representantes de ambos órganos, Isabel Villalonga -Abogada General- y Salvador Hernándiz -Interventor General-, acompañaron a Sánchez de León en su comparecencia para decir "basta ya" a la "difamación" y a la "utilización partidista" de los datos sobre contratación del Consell y "trasladar a la opinión pública la honestidad y legalidad de toda la actuación de un gobierno y de toda una administración que no vamos a consentir que se difame". En Benidorm, el diputado popular Federico Trillo aseguró que pase lo que pase, en referencia a la decisión del Supremo, "no afectará a la solidez política, personal o jurídica de Camps". P. r. f. / J. M.