El 'número dos' de Correa ordenó a un abogado que sacase el dinero escondido en Suiza antes de que el juez lo bloqueara

La intervención de las comunicaciones de las tres personas que hay encarceladas por la trama corrupta (el cabecilla Francisco Correa, su lugarteniente, Pablo Crespo, y su primo Antoine Sánchez) revela los manejos de éstos para intentar controlar el procedimiento judicial que entonces instruía el juez Baltasar Garzón. De las conversaciones, la policía concluye que la esposa de Crespo, Consuelo Margarita Vázquez, "actúa como intermediaria con personas de la organización para recibir o transmitir mensajes de su marido" y que, de hecho, es la que contacta "con el broker norteamericano Randall Lew Caruso" y con Álvaro Pérez, El Bigotes, para solucionar los problemas.

De las conversaciones se desprende que es la organización, la urdida por Correa, la que "sustenta económicamente a la familia de Antoine Sánchez mediante la aportación de fondos que son transferidos (...) utilizando una gestora de transferencias (Wester Union)".

Lo que revela es que, tras ingresar en prisión, una de las preocupaciones es conseguir el dinero que la trama tiene escondido en países extranjeros. Hay más de una decena de comisiones rogatorias enviadas al paraísos fiscales y países extranjeros.

En las diligencias de la trama Gürtel salen salpicados los abogados Manuel Delgado Solís y José Antonio López Rubal, según el sumario.

La policía asegura, a juzgar por las conversaciones interceptadas en la cárcel a los cabecillas, que estos abogados "llevan de forma directa el control de las declaraciones de los imputados en sede judicial, y que la organización transmite [a los demás]" a través de ambos, "la idea de que les va a seguir ayudando para evitar disensiones" entre los implicados y que las declaraciones deben estar concertadas.

Según la policía, López Rubal y Delgado "han contactado con abogados que poseen vinculaciones con personas que ocupan puestos en los órganos judiciales de la Audiencia Nacional para tratar de obtener ventaja en el desarrollo del procedimiento"; y además, ellos van a tratar de "controlar las comisiones rogatorias mediante la búsqueda de despachos que planteen pleitos para impedir la ejecución de las mismas".

Según la policía, también se infiere de las conversaciones grabadas en la cárcel a los principales implicados que López Rubal "controla las declaraciones de los imputados para que no haya fugas", y que éste "se relaciona con José Ramón Blanco Balín [otro de los imputados en la trama y supuesto artífice de la estructura financiera que ayudó a Correa colocar en el extranjero muchos millones de euros de comisiones] para coordinar las actuaciones de las empresas patrimoniales de Correa". Algunas empresas de Correa estaban administradas por Blanco Balín.

Por eso el abogado López Rubal, según la policía, está coordinado con Balín para tratar de recuperar dinero del extranjero y mantener a las familias de los encarcelados.

Pablo Crespo ha pedido, además, a López Rubal que "que ejecute los fondos que tiene la organización en Suiza".

En el país helvético, la trama de Correa oculta supuestamente cerca de 23 millones de euros, que el actual juez instructor del caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, pidió bloquear.

Siempre según estas conversaciones telefónicas, Blanco Balín seguía desempeñando entonces, en la fecha de las conversaciones, "un papel activo para la organización".

En concreto controla los fondos de dos sociedades en las que figura como administrador, Rústicas MBS, SL, y Artas Consultoria, SL, que iban a ser "utilizadas por la organización para el pago de las necesidades de las familias de Correa y Crespo". Y también de la familia de Antoine Sánchez, su primo.

La parte del sumario sobre la que se ha levantado el secreto incluye entre sus 17.000 folios una decena de misivas que Crespo, número dos de Correa, envió a diferentes personas cercanas durante su estancia en la cárcel de Soto del Real (Madrid), donde ingresó el 12 de febrero, así como las cartas recibidas.

En una de las cartas, del 25 de febrero, dirigida a la también imputada Mónica Magariños, apoderada de Orange Market y consejera de Easy Concept, Crespo señala: "Todo esto acabará en algún momento.

Estamos metidos en una especie de maremágnun político y somos el muñeco al que todo el mundo le da estacazos". Así, intenta tranquilizarle y le pide que no tema por su futuro.

"En primer lugar, tú no has cometido delito o falta de ningún tipo y ahí estaré yo siempre para decirlo donde haga falta", escribe Crespo.

En otra misiva dirigida a Álvaro Pérez, El Bigotes, Crespo afirma: "Si todo este asunto es un gran montaje de carácter político, en tu caso la injusticia y el trato que te han dado es, si cabe, más grave todavía".

Asimismo, le señala que a través de sus abogados ha insistido mucho en "la necesidad de que se centren en el desbloqueo económico" de las sociedades, aún antes de en su propia libertad.