Cuatro causas que salpican a Camps ponen su futuro en cuarentena

En público todos hacen como si no existiera, pero en privado no se habla de otra cosa. En la calle Génova se ha instalado una gran preocupación con el futuro del presidente valenciano Francisco Camps. El PP, como los periodistas, busca información en el Tribunal Supremo, que debe decidir el 12 de mayo si envía a Camps al banquillo por el asunto de los trajes, como pidió el juez Flors, instructor de la causa en Valencia, o le exonera, como decidieron dos de los tres magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal valenciano. Y los rumores, más que noticias, que les llegan no son positivos. "Tiene mala pinta", es la frase más repetida estos días en la sede central del PP.


Los cinco jueces -dos conservadores, dos progresistas y uno, el presidente, de la asociación moderada Francisco de Vitoria- tienen encima de la mesa una papeleta difícil. El auto del juez Flors, también de la Francisco de Vitoria, era clarísimo: pedía llevar a Camps a juicio porque encontró pruebas más que suficientes de que le habían regalado 12.000 euros en trajes -lo que entendía como cohecho impropio- y ninguna sólida de que los hubiera pagado él, como afirmó el presidente. También tiene encima de la mesa el voto particular del juez Montero, un conservador muy prestigioso, que defendió que sólo debía exonerarse a Ricardo Costa, porque no estaba en el Gobierno valenciano y por tanto no podía tomar decisiones sobre contratos públicos, pero sí debía enjuiciarse a Camps, ya que recibió los regalos en función de su cargo. Exonerarle podría implicar acabar con el sentido del artículo 426 del código penal. Además, los magistrados conocen ahora todas las novedades del caso -el informe policial sobre la posible financiación ilegal, las comisiones en la visita del Papa a Valencia o los contratos irregulares y sin concurso que premiaron a las empresas de la red-. Se trata de otras tres causas derivadas del caso Gürtel que afectan a parte del Gobierno valenciano que preside Camps y que podría acabar con la imputación de algunos de los consejeros y el propio presidente.

Frente a esta realidad, que ven muy oscura, el PP ha optado por una doble estrategia. Primero, la de presionar con todos los medios a su alcance -obviamente sin cometer ninguna irregularidad, haciendo llegar a los jueces la trascendencia de su decisión que puede acabar con una carrera política por un asunto que el PP sigue considerando menor, como es el de los trajes-. Distintos dirigentes confirman que toda la dirección, y, en especial, Federico Trillo, el hombre del PP que más relaciones tiene con el mundo judicial, está dedicado a esta tarea, la de orientar esa decisión.

Por otro lado, el PP se está preparando también para, en caso de que se confirmen los peores augurios, prepararse para limpiar la Comunidad Valenciana. Nadie sabe muy bien cómo reaccionará Camps si le mandan a juicio, aunque la mayoría cree que dimitirá. Es difícil que Mariano Rajoy, a quien Camps tanto apoyó en sus momentos difíciles tras la derrota de 2008, se lo pida. Pero todos los dirigentes asumen que si el Supremo devuelve el caso al Tribunal Superior de Justicia de Valencia para que sea juzgado, habrá una catarata de decisiones.

"No podemos actuar mientras no haya imputaciones, no sería justo. Pero la dirección está preparada para tomar decisiones radicales en Valencia. El discurso de Rajoy de que será implacable con la corrupción impide la inacción. Si la justicia actúa, nosotros también actuaremos", señala un dirigente. Génova, en cualquier caso, ve a Camps y al PP valenciano como la última estación del vía crucis de Rajoy con el caso Gürtel. Y pese a la preocupación -la idea de ver caer a un presidente autonómico por un caso de corrupción es dura de asumir-, afrontar la estrategia con una tranquilidad de fondo. Están absolutamente convencidos de que cualquier candidato del PP ganará de calle en Valencia. Y eso hace que el asunto sea un problema grave, pero no dramático, porque para Rajoy, como es obvio, la prioridad es conservar el poder en esta comunidad, gran feudo del PP con Madrid y la recuperada Galicia.

Rita Barberá es la que tiene más números para relevar a Camps. Hay otros como Esteban González Pons, aunque no podría ser presidente hasta 2011 porque no es diputado autonómico, y Alberto Fabra, el alcalde de Castellón. "En este momento, Camps es nuestro peor candidato. Con cualquier otro, ganamos de calle. El PSOE no existe en Valencia", sentencia un dirigente. En Génova se ha instalado además una gran preocupación por el estado anímico de Camps. Su Gobierno, insisten todas las fuentes, está paralizado por el shock del presidente. Mientras tanto, el PP valenciano en pleno reaccionó ayer respaldando por escrito a Camps. Al menos 18 alcaldes y dirigentes regionales emitieron comunicados de apoyo a su aún presidente.
Las causas contra Camps y su Gobierno

- Los trajes regalados. El próximo 12 de mayo, el Tribunal Supremo decidirá si el presidente valenciano Francisco Camps tiene que ser juzgado por un supuesto delito de cohecho impropio junto a otros cargos y ex altos cargos del Gobierno valenciano. Álvaro Pérez, El Bigotes, máximo responsable de Orange Market, regaló trajes por casi 30.000 euros a Camps y otros tres miembros del Gobierno valenciano durante distintas épocas del año. Orange Market recibió decenas de contratos a dedo de distintos departamentos del Gobierno valenciano. El Tribunal Superior de Justicia de Valencia, por dos votos a uno, decidió que los regalos no estaban vinculados con la adjudicación de contratos, por lo que descartó que se tratase de cohecho impropio. El fiscal recurrió la decisión ante el Supremo.

- Financiación ilegal. Un informe policial basado en la documentación oficial incautada en la sede de Orange Market

y en la intervención de las comunicaciones telefónicas de Álvaro Pérez apunta a la existencia de una trama organizada para la financiación ilegal del PP valenciano. Durante años, diversas empresas adjudicatarias de contratos en la administración regional valenciana financiaron actos electorales del PP valenciano haciéndolos pasar por servicios contratados a Orange Market. El juez Antonio Pedreira, del TSJ de Madrid, ha pedido informes sobre esta supuesta irregularidad.

- Contratos amañados. El análisis de los contratos adjudicados por el Gobierno de Francisco Camps a nueve empresas de la trama corrupta acredita numerosas irregularidades, hasta el punto de que el juez Antonio Pedreira ha solicitado los nombres de los máximos responsables de los departamentos que, sin concurso, adjudicaron contratos a dedo a las empresas de la trama corrupta. Las distintas consejerías llegaron a invitar a tres empresas para un determinado servicio. Y las tres invitadas resultaron pertenecer al mismo grupo empresarial, el de Francisco Correa. Los peritos judiciales sostienen que se vulneraron los principios de libre concurrencia que deben presidir todos los contratos públicos.

- El negocio de la visita del Papa. Un patronato formado por la Iglesia, la Comunidad Valenciana, el Ayuntamiento

de Valencia y la Diputación Provincial adjudicó la exclusiva de la retransmisión de la visita del Papa a Valencia a Canal Nou, la cadena autonómica de televisión. A su vez, la televisión pública valenciana decidió adjudicar los trabajos de sonorización e instalación de pantallas de televisión por el recorrido a una empresa constructora leonesa, Teconsa, sin ninguna experiencia en ese tipo de tareas. La investigación judicial descubrió en uno de los pisos que utilizaba la trama corrupta las tripas de esta operación que dejaron a Teconsa un beneficio de tres millones de euros y a la red de Francisco Correa unas comisiones de al menos un millón de euros.