Uno de cada cuatro españoles reconocen su adicción al tabaco y, de ellos, casi las tres cuartas partes desearían poder dejar de fumar. Cuando en 2006 entró en vigor la conocida como “Ley antitabaco”, uno de sus objetivos principales era que el porcentaje de consumidores de tabaco se redujese. Y si bien es verdad que al principio se produjo una considerable disminución de fumadores, dicha cifra se ha estancado de un tiempo a esta parte. Es por ello que el gobierno va a endurecer el texto legislativo, para adecuarla a lo que es una práctica común en Europa. Y tiene razón. Países como Francia, Alemania o Irlanda mantienen la prohibición total de fumar en espacios públicos cerrados, sin que por ello se haya producido una fractura social. Simplemente, no se fuma en lugares donde está prohibido y nada más.
Uno de los cometidos más importantes del Estado es el de velar por el bienestar de sus ciudadanos y es un hecho que el tabaco perjudica gravemente la salud. No hay más que ver el número de personas afectadas por enfermedades derivadas del tabaquismo para darse cuenta de la magnitud del problema. Al mismo tiempo, conviene también tener presente el factor económico de la cuestión: el coste que dichas enfermedades le supone a la sanidad pública es altísimo. Sanidad —conviene recordarlo- que sufragan también los no fumadores, además de ser potenciales víctimas pasivas de los fumadores. Razones de peso como para que el Gobierno tomase cartas en el asunto y se decidiese a legislar en algo que iba en beneficio de la salud de todos los españoles. Entre los cuales, dicho sea de paso, hay un sector que tiene un riesgo más elevado de contraer cáncer: el de la hostelería, expuesto a los “malos humos” de la clientela.
De ahí que no se entienda la protesta de de los empresarios de hostelería, reacios a perder posibles clientes fumadores. No será para tanto. Los pubs irlandeses y las cervecerías alemanas siguen igual de llenos que siempre. No se fuma dentro, eso es todo. Pero la gente sigue yendo igual. Es una mera cuestión de salud pública, en la que el Gobierno debía de haber tomado cartas en el asunto ya desde un primer momento y sin necesidad de una aplicación por tramos. Por cierto, es curiosa la postura de Izquierda Unida, partidaria de que se prohíba fumar en cualquier espacio público pero que aboga, en cambio, por la legalización del consumo de cannabis. Todo un ejercicio de coherencia política.
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El tabaquismo es un problema de salud pública
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