Los jóvenes tendrán un cupo del 50% en el nuevo registro de VPO

La suerte dejará de ser el árbitro en la adjudicación de viviendas protegidas. Los sorteos desaparecen del protocolo de la nueva Ley de la Junta de Andalucía, cambiando las reglas del juego para garantizar este derecho a los colectivos con mayores dificultades económicas. En un par de meses se impondrá la nueva dinámica en el Ayuntamiento de Huelva, que a través de la Empresa Municipal de la Vivienda ultima los trámites administrativos para activar un registro de demandantes de VPO, base de datos que dará prioridad a los jóvenes, familias numerosas y colectivos en riesgo de exclusión social.

Este registro será la piedra angular de un sistema que ajustará la oferta pública de vivienda a las características, niveles de renta, ubicación y tipología de las solicitudes. Con el horizonte normativo que traza el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009/2012, se impone como condición para ser demandante de VPO la inscripción en estos ficheros y el cumplimiento de una serie de requisitos. Los trámites de solicitud se podrán hacer de forma telemática -a través de internet- o acudiendo a las oficinas de la calle Fernando el Católico.

Asimismo, como recuerdan desde el Consistorio onubense, también será obligatorio que los promotores (tanto públicos como privados) recurran a este registro a la hora de planificar, edificar y vender los inmuebles sujetos a algún régimen de protección.

Hasta ahora, en la ciudad de Huelva, la fórmula era la inscripción en promociones concretas para la asignación por sorteo y, en una etapa transitoria -reajustes en la crisis- incluso la venta directa de los pisos que finalmente no pudieron pagar los adjudicatarios.

Se cambian las tornas, pues, con la pretensión de crear una oferta en base al diagnóstico de las necesidades de la población. Así, los registros -que ya se están incubando en la mayoría de pueblos de la provincia- serán el primer método con el que contará la comunidad para cuantificar la demanda real de VPO, no sólo localizándola, sino caracterizándola de la forma más ajustada posible. Una radiografía que las administraciones deberán tener en cuenta a la hora de diseñar los planes urbanísticos (en este sentido, en la capital onubense quedan pendientes de ejecución bolsas de viviendas protegidas en las zonas del Ensanche Sur, Marismas del Odiel, calle Cervantes, San Antonio Montija y la reserva Huelva Norte).

En el nuevo sistema, el ciudadano deberá inscribirse y aportar una serie de información relacionada con sus ingresos económicos y con sus propias necesidades de vivienda, tales como el régimen de acceso al que opta, número de dormitorios de la casa en relación con su composición familiar o la necesidad de una vivienda adaptada. Se trata de un primer trámite que no tendrá que volver a realizar, puesto que esos datos quedarán ya recogidos para las diferentes adjudicaciones. Esa información aportada, que sí tendrá que actualizarse periódicamente; junto con los criterios de clasificación de los solicitantes establecidos por cada ayuntamiento (antigüedad en el padrón, vinculación laboral o, entre otros, antigüedad en el registro) servirá para ordenar en función de sus necesidades a los solicitantes, que podrán saber en todo momento su situación en el registro.

Los ciudadanos podrán optar a una vivienda protegida hasta en tres municipios distintos, consignando si lo desean cuál es la localidad en la que preferirían vivir.

Las claves de este proceso en la capital onubense vieron luz verde definitiva en marzo con la aprobación de la ordenanza que regulará la relación de demandantes. A partir de ahí, quedan pendientes algunas gestiones con la Administración andaluza, que deberá dar el visto bueno final para que el Consistorio tenga acceso a la aplicación informática del registro (en estos momentos el programa está disponible en fase de pruebas, para formación del funcionariado).

Ya que el listado se irá configurando a instancia de los propios demandantes, para incentivar las inscripciones, la Empresa Municipal de la Vivienda pondrá en marcha una campaña informativa sobre el nuevo procedimiento, publicidad que financia la Junta con una subvención de 20.000 euros que también se destinarán a las mejoras informáticas.

En las ordenanzas aprobadas se determinan las normas para la selección de adjudicatarios. La primera criba serán los cupos que se deberán establecer en las promociones de quince o más viviendas, sólo pudiéndose optar a una de estas cuotas de reserva. Así, a los jóvenes (menores de 35 años) se destinará el 50% de las viviendas ofertadas y a las familias numerosas el 5%.

Los grupos especiales coparán el 25% de las VPO. La cuarta parte de las viviendas disponibles se reservan así a mayores de 65 años, víctimas de la violencia de género, emigrantes retornados, personas afectadas por situaciones catastróficas y otras familias en riesgo de exclusión social, víctimas del terrorismo, demandantes en situación de dependencia o con dependientes a su cargo, familias monoparentales con hijos, y personas procedentes de rupturas de unidades familiares al corriente del pago de pensiones alimenticias y compensatorias, vivienda en situación de ruina, pendiente de desahucio, embargos con remate de subasta y hacinamiento.

Las personas con discapacidad quedan al margen de este cupo, ya que tienen garantizada la reserva de una vivienda adaptada para inquilinos de movilidad reducida por cada 50 inmuebles que se promuevan.