El juez imputa a Fabra por cohecho y tráfico de influencias y prepara un juicio con jurado

El fiscal Anticorrupción encargado de la investigación del caso Fabra, Luis Pastor, no podría haber sido más premonitorio cuando el pasado 21 de mayo aseguró que «el caso ya está claro» y que la instrucción de la causa -que se inició en diciembre de 2003- concluiría «antes del verano». Apenas han pasado dos semanas desde que hiciese estas declaraciones cuando ayer, desde el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) se comunicó que el instructor del Juzgado Número 1 de Nules, Jacobo Pin, había iniciado las gestiones para que, en caso de celebrarse el juicio, un tribunal popular se haga cargo de la eventual vista contra los 13 imputados de la causa, entre ellos el presidente de la Diputación y del PP de Castellón, Carlos Fabra, y su mujer, María Amparo Fernández.

Además, el juez concreta que la imputación de Fabra, que hasta ahora era por el genérico de supuestos delitos contra la Administración, deriva de presuntos delitos como cohecho y tráfico de influencias, además del de fraude fiscal. De hecho, el instructor entiende que, «en principio» y a la espera de su calificación final, los hechos presuntamente cometidos por los imputados serían constitutivos de los delitos de cohecho y tráfico de influencias, propios de la competencia del Tribunal del Jurado.
Por este motivo, según el TSJCV, el juez de primera instancia e instrucción número 1 de Nules «ha acordado transformar en procedimiento para el juicio ante el Tribunal del Jurado las diligencias previas abiertas contra los 13 imputados» del caso Fabra.
Cabe recordar que el sumario del caso se inició tras las querellas del también imputado Vicente Vilar, quien denunció que junto al líder del PP castellonense había urdido una trama para agilizar licencias fitosanitarias en los ministerios de Agricultura durante la época del presidente Aznar a cambio de dinero. De ahí que se investiguen los delitos de cohecho y tráfico de influencias.
Además, tal como publicó este rotativo a raiz de conocerse el contenido del informe de Hacienda sobre el patrimonio del matrimonio Fabra, de acuerdo con el juez instructor, a estos delitos «se deben sumar otros conexos en lo que a Carlos Fabra y María Amparo Fernández se refiere», que son los relativos a la Hacienda Pública. El 24 de enero del 2006, a raiz de un recurso de Fabra, la Audiencia Provincial de Castellón decretó la «conectividad de ambos delitos» puesto que el supuesto fraude fiscal detectado entonces en la declaración de Fabra de 1999 podía tener relación con los supuestos pagos por negociaciones ilícitas o cohecho, según se indicaba en el auto.
Junto al supuesto delito fiscal en aquel ejercicio de 1999, los peritos de Hacienda han detectado entre 1999 y 2004 otros nueve supuestos delitos contra Hacienda entre Fabra y su esposa, puesto que no han aclarado el origen de «ganancias no justificadas por un importe de 3.713.796 euros».
El próximo 25 de junio se celebrará en el juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Nules la comparecencia prevista en la Ley del Jurado para concretar la imputación, solicitar el sobreseimiento o pedir que se practiquen nuevas diligencias de investigación.
La última diligencia practicada en relación con este caso tuvo lugar el pasado 21 de mayo, cuando declaró en el juzgado la ex mujer de Fabra, que sólo respondió a las tres preguntas efectuadas por su abogado defensor.
En esta jornada también había sido citado inicialmente al presidente de la Diputación castellonense, aunque su comparecencia quedó aplazada porque el dirigente 'popular' se encuentra de baja laboral tras haber sido sometido a un tratamiento médico en Madrid.
No obstante, el fiscal Anticorrupción, Luis Pastor, apuntó tras la declaración de Fernández que el procedimiento estaba «listo para cerrarse» y consideraba que la declaración de la ex mujer del presidente de la Diputación sería la última, por lo que Fabra no sería citado de nuevo a declarar. Asimismo, señalaba que la instrucción de la causa «podría cerrarse antes del verano» porque no quedaban más diligencias por practicar.
Hacienda inició una denuncia contra Fabra por supuestas irregularidades en la declaración de la renta del año 1999, aunque en el procedimiento se ha terminado investigando las cuentas del presidente castellonense desde ese año hasta 2004. En relación con esta causa, un informe de los ingresos del dirigente 'popular', realizado en la investigación judicial, apunta a que ingresó, a través de cuentas corrientes personales o familiares, 5,3 millones de euros sin justificar en seis años, una cifra que representa 70 veces su salario.
El pasado mes de marzo Carlos Fabra, por cuestiones de salud, delegó sus funciones 'sine die', a través de un decreto firmado el día 12, en el vicepresidente primero de la Diputación de Castellón, Francisco Martínez. Posteriormente, fue sometido a un tratamiento en un hospital madrileño del que se recupera de forma favorable.