Los contenidos de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) se atienen perfectamente a la ley, según el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). El Ministerio de Educación recurrió el programa desarrollado por el Gobierno regional en Secundaria al entender que no respetaba la norma básica, es decir, el real decreto que fija unos contenidos mínimos para toda España que después desarrollan las comunidades. El Ministerio acusó a la Comunidad de omitir distintos puntos en casi todas las asignaturas, pero sobre todo de la que ha sido la más polémica durante los dos últimos cursos: Educación para la Ciudadanía. Por ejemplo, se omitieron las referencias a la homosexualidad, mencionada a través del rechazo a la homofobia.El Ministerio reflejó también en el recurso que la Consejería de Educación había obviado varios aspectos en su currículo en relación con la igualdad entre hombres y mujeres, la valoración del diálogo para solucionar conflictos o el respeto a la diversidad social, cultural y religiosa.
Pero en una sentencia del pasado 21 de julio, hecha pública ayer por el Gobierno regional, el Tribunal Superior de Madrid considera que la regulación autonómica ha respetado las enseñanzas mínimas que exige la norma básica, ya que su desarrollo "no tiene por qué implicar la trasposición literal de sus contenidos". Los contenidos no cambiarán.Así, en un texto en el que los magistrados aluden al "empecinamiento" del abogado del estado frente a la "extensa y brillante" defensa de la Comunidad de Madrid, la sentencia dice que todo lo que echa en falta el ministerio está recogido, de alguna manera, en el desarrollo autonómico. De hecho, cuando se refiere en concreto a la educación en el respeto a la igualdad de sexos y la eliminación de la discriminación, el TSJM afirma que el respeto a estos principios y valores esenciales no depende de la repetición "machacona y pormenorizada" en un texto, sino que "basta con que se recoja como uno de los principales inspiradores del currículo".
Entre finales de 2007 y principios de 2008, en el punto álgido de la campaña de los obispos y algunas asociaciones en favor del boicoteo a Ciudadanía apoyado más o menos veladamente por algunas autonomías del PP como Madrid, el Gobierno interpuso estos recursos contra los desarrollos de primaria y secundaria hechos en esa comunidad, La Rioja, Murcia y Castilla y León. Estos recursos denunciaban desapariciones en muchos puntos: desde el teorema de Tales en los contenidos de Matemáticas hasta la manifestación de actitudes de solidaridad de entre los criterios de evaluación de Ciencias Sociales.
Pero todos los recursos tenían en común la queja contra los contenidos de Ciudadanía, idénticos en todas las comunidades gobernadas por el PP. De hecho, La Rioja admitió que se habían "limado varios puntos conflictivos". Además de "simplificar", había que mantener "la neutralidad ideológica", añadió Castilla y León. Así, conceptos criticados por la Iglesia y las asociaciones contrarias a Ciudadanía, como género, afectividad o sexualidad, desaparecieron de los currículos.
Sin embargo, los recursos no han tenido mucha suerte en los tribunales. Si la sentencia de La Rioja dio hace un año la razón al ministerio, no por los contenidos, sino por un defecto de forma (la norma no había pasado por el consejo consultivo de la comunidad), la de Madrid para primaria, pocos meses después, se resolvió a favor de la consejería en unos términos muy parecidos a los que ahora respaldan el currículo de secundaria. La Rioja recurrió al Tribunal Supremo y el Gobierno hizo lo propio con la decisión tomada en referencia a la primaria en Madrid. El ministerio evitó ayer pronunciarse sobre el fallo judicial referente a la secundaria. Un portavoz indicó que no lo han estudiado todavía.
En abril de este año llegó la sentencia de Castilla y León, que tampoco vio vulneración de la norma básica en las omisiones. Pero daba la razón al ministerio en otro punto de la demanda, el que se quejaba de que la consejería estableciera una oferta limitada de materias optativas en 4º de ESO. Educación dice que son los centros, y no los gobiernos autonómicos, los que pueden agrupar esas asignaturas para orientar a los alumnos. Pero los gobiernos del PP han establecido sus propias agrupaciones de materias. Sin embargo, la sentencia de Tribunal Superior de Justicia de Madrid también da la razón en eso a la consejería, ya que consideran que la agrupación de asignaturas no contraviene la ley ni atenta contra la autonomía de centros. El auto defiende que el Gobierno autonómico fije esos "criterios pedagógicos y organizativos".
Con la polémica de Ciudadanía ya en vías de extinción -el Supremo rechazó en febrero de este año la posibilidad de objetar- el Gobierno ya no recurrió la decisión del tribunal superior castellano leonés. Y aún queda por resolver el pleito con el Gobierno murciano.
Pero en una sentencia del pasado 21 de julio, hecha pública ayer por el Gobierno regional, el Tribunal Superior de Madrid considera que la regulación autonómica ha respetado las enseñanzas mínimas que exige la norma básica, ya que su desarrollo "no tiene por qué implicar la trasposición literal de sus contenidos". Los contenidos no cambiarán.Así, en un texto en el que los magistrados aluden al "empecinamiento" del abogado del estado frente a la "extensa y brillante" defensa de la Comunidad de Madrid, la sentencia dice que todo lo que echa en falta el ministerio está recogido, de alguna manera, en el desarrollo autonómico. De hecho, cuando se refiere en concreto a la educación en el respeto a la igualdad de sexos y la eliminación de la discriminación, el TSJM afirma que el respeto a estos principios y valores esenciales no depende de la repetición "machacona y pormenorizada" en un texto, sino que "basta con que se recoja como uno de los principales inspiradores del currículo".
Entre finales de 2007 y principios de 2008, en el punto álgido de la campaña de los obispos y algunas asociaciones en favor del boicoteo a Ciudadanía apoyado más o menos veladamente por algunas autonomías del PP como Madrid, el Gobierno interpuso estos recursos contra los desarrollos de primaria y secundaria hechos en esa comunidad, La Rioja, Murcia y Castilla y León. Estos recursos denunciaban desapariciones en muchos puntos: desde el teorema de Tales en los contenidos de Matemáticas hasta la manifestación de actitudes de solidaridad de entre los criterios de evaluación de Ciencias Sociales.
Pero todos los recursos tenían en común la queja contra los contenidos de Ciudadanía, idénticos en todas las comunidades gobernadas por el PP. De hecho, La Rioja admitió que se habían "limado varios puntos conflictivos". Además de "simplificar", había que mantener "la neutralidad ideológica", añadió Castilla y León. Así, conceptos criticados por la Iglesia y las asociaciones contrarias a Ciudadanía, como género, afectividad o sexualidad, desaparecieron de los currículos.
Sin embargo, los recursos no han tenido mucha suerte en los tribunales. Si la sentencia de La Rioja dio hace un año la razón al ministerio, no por los contenidos, sino por un defecto de forma (la norma no había pasado por el consejo consultivo de la comunidad), la de Madrid para primaria, pocos meses después, se resolvió a favor de la consejería en unos términos muy parecidos a los que ahora respaldan el currículo de secundaria. La Rioja recurrió al Tribunal Supremo y el Gobierno hizo lo propio con la decisión tomada en referencia a la primaria en Madrid. El ministerio evitó ayer pronunciarse sobre el fallo judicial referente a la secundaria. Un portavoz indicó que no lo han estudiado todavía.
En abril de este año llegó la sentencia de Castilla y León, que tampoco vio vulneración de la norma básica en las omisiones. Pero daba la razón al ministerio en otro punto de la demanda, el que se quejaba de que la consejería estableciera una oferta limitada de materias optativas en 4º de ESO. Educación dice que son los centros, y no los gobiernos autonómicos, los que pueden agrupar esas asignaturas para orientar a los alumnos. Pero los gobiernos del PP han establecido sus propias agrupaciones de materias. Sin embargo, la sentencia de Tribunal Superior de Justicia de Madrid también da la razón en eso a la consejería, ya que consideran que la agrupación de asignaturas no contraviene la ley ni atenta contra la autonomía de centros. El auto defiende que el Gobierno autonómico fije esos "criterios pedagógicos y organizativos".
Con la polémica de Ciudadanía ya en vías de extinción -el Supremo rechazó en febrero de este año la posibilidad de objetar- el Gobierno ya no recurrió la decisión del tribunal superior castellano leonés. Y aún queda por resolver el pleito con el Gobierno murciano.
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