El juez investiga un posible delito electoral del PP en las generales de 2008

Pedreira ve indicios de siete delitos en el Gobierno de Camps y la trama Gürtel.- Remite al Tribunal Superior de Valencia la causa por financiación ilegal, cohecho propio, contra la Hacienda Pública, falsedad en documento mercantil, asociación ilícita, blanqueo de capitales y prevaricación


El juez que instruye el caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, señala en un auto hecho público este miércoles que el PP pudo incurrir en un delito de financiación ilegal en la campaña de las elecciones generales de 2008. Según Pedreira, "se encuentra pendiente informe de la AEAT [Agencia Estatal de Administración Tributaria] sobre si los pagos investigados se refieren a la campaña electoral de las elecciones celebradas el 9 de marzo de 2008". De ser así, "los hechos podrían ser constitutivos de un delito electoral del que sería autor el administrador general del Partido Popular en esas elecciones cuya identidad en este momento se desconoce", añade el auto, en el que destaca que también existen indicios de delito fiscal del PP valenciano en 2007 porque no declaró 2,5 millones de euros

El juez ha decidido, además, inhibirse en favor del de Valencia, ya que ha observado numerosos indicios de diversos delitos que afectan a altos cargos del Gobierno de Francisco Camps. Pedreira ha atendido a una petición de la Fiscalía Anticorrupción y estima que varios dirigentes del PP valenciano y de la Administración regional podrían haber incurrido en delitos relacionados con la financiación ilegal del PP, delito electoral y delitos de cohecho propio al aceptar regalos de la trama corrupta que dirigía Francisco Correa a cambio de contratos a dedo de la Administración valenciana.

El auto señala al vicepresidente primero del Gobierno, Vicente Rambla; al ex secretario general y diputado autonómico, Ricardo Costa; al vicesecretario general, David Serra, y a la tesorera del PP valenciano, Yolanda García Santos. Nada más conocer la noticia, Rambla, que protagonizaba un acto con los otros dos vicepresidentes, Gerardo Camps y Juan Cotino, para conmemorar los tres años de la victoria electoral del PP en la Comunidad Valenciana, declaró simplemente que es "una cuestión de competencia entre tribunales" y ha añadido: "Llevamos años en política y la gestión se ha caracterizado siempre por ser honesta. Por eso merece que se tenga en cuenta la presunción de inocencia y los derechos que a todo el mundo le corresponden".

El vicepresidente primero del Gobierno de Camps conoció la noticia a través de una alerta en su teléfono móvil, que le ha hecho cambiar la expresión de su cara, informa Joaquín Ferrandis.

Se trata del segundo revés judicial para la cúpula del PP valenciano en una semana, después de que el pasado día 18 el Tribunal Supremo rechazara la jurisprudencia alegada por el TSJCV, que por dos votos a uno decidió archivar la causa abierta contra Camps por cohecho pasivo, al apreciar que los regalos recibidos por el presidente valenciano y otros altos cargos "se hicieron de forma repetida y con aparente opacidad".

Precisamente el auto del Supremo ha desencadenado la decisión de Pedreira, que considera que deben acumularse ambos procesos con el fin de evitar la prescripción de los posibles delitos cometidos.

Camps y Costa, partícipes

Pedreira basa su auto en los informes de la Agencia Tributaria del pasado 6 de mayo, que confirmarían que el PP de Valencia ocultó 2,5 millones de las elecciones de 2007, tal y como publicó EL PAÍS. Entonces, el PP anunció una querella contra el funcionario de Hacienda que redactó el documento por prevaricación y falsedad en documento público.

Por ello, asegura el juez, el delito de cohecho que se investigaba en Valencia podría no ser el contemplado en el artículo 426, esto es, el impropio, sino "los tipificados en los artículos 425, 410 o 420", es decir, el cohecho puro y duro.

El mismo informe del 6 de mayo sirve a Pedreira para sospechar de varios delitos electorales cometidos durante la campaña para las elecciones autonómicas de 2007. En concreto, el magistrado hace referencia al artículo 149 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

Al respecto, Pedreira apunta directamente a la participación del ex secretario general, Ricardo Costa, y añade que "tampoco puede desdeñarse el cargo que ocupa en el PPCV otro de los imputados en la causa tramitada en Valencia [se refiere a la que investiga el cohecho impropio], Francisco Camps Ortiz, y que no es otro que el de presidente de dicho partido".

Larga connivencia

Según la investigación del caso Gürtel, la red corrupta vinculada a varios Gobiernos autonómos del PP, quedó acreditado que Camps y otros altos cargos del Ejecutivo valenciano recibieron valiosos regalos de Álvaro Pérez, El Bigotes, cabecilla de la trama en Valencia, y la empresa que éste montó poco después de la llegada de Camps al poder, Orange Market.

Así, el presidente de la Generalitat Valenciana y su familia fueron agasajados con trajes por valor de 12.000 euros, zapatos, pulseras, relojes, juguetes caros e incluso entradas para el Circo del Sol. En una de las conversaciones telefónicas grabadas durante la investigación del caso, Camps llamaba "amiguito del alma" a El Bigotes, al que posteriormente la mujer del presidente valenciano, Isabel Bas, recriminaba la valía de algunos regalos: "Con el mío te has pasado 20 pueblos".

Según un informe remitido a finales de abril por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que investiga el caso Gürtel en esa comunidad, la Presidencia y la Vicepresidencia del Gobierno valenciano, así como siete consejerías, adjudicaron al menos 85 contratos entre 2004 y 2008 a nueve empresas de la red corrupta dirigida por Francisco Correa. Estos contratos tenían un valor global de 7,2 millones de euros y señaló que en muchas adjudicaciones menores se fraccionaba "el objeto del contrato en varios contratos menores con el fin de no utilizar otros procedimientos de contratación -negociado o abierto-, vulnerando los principios de publicidad y concurrencia recogidos en la normativa reguladora de la contratación pública".
Se busca al "cantante" y al "príncipe"

La investigación de los tejemanejes de la trama Gürtel en Valencia ha añadido dos incógnitas: ¿quiénes son "el cantante" y "el príncipe"?. Ninguno de los dos ha podido ser identificado de momento, pero sus roles en la red son fundamentales, ya que eran los encargados de cobrar a empresas valencianas los servicios que Orange Market, la empresa de Álvaro Pérez, el Bigotes, supuestamente había prestado al PP durante la campaña electoral para las elecciones valencianas de 2007.

La referencia al "cantante" figura en la página ocho del auto de inhibición hecho público por el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira. Esa persona fue la encargada de "cobrar, o al menos entregar, el importe facturado a las mercantiles Grupo Vallalba, Constructora Hormigones y Pavimentos del Suroeste a los responsables de Orange Market". Y las facturas tenían como "única finalidad el pago de los servicios prestados por Orange Market al PP de la Comunidad Valenciana durante la campaña electoral de 2007". Es decir, que sería un posible partícipe en un delito electoral.

El "príncipe", por su lado, sería la persona que figuraría en la contabilidad B o Barelona que habría pagado 200.000 euros. En el listado de pagos supuestamente el negro figura consignado también el PP valenciano. Cantante y príncipe habrían cooperado en un supuesto delito electoral con Ricardo Costa, Vicente Rambla y David Serra, altos cargos del PP o de la Generalitat Valenciana. Para el juez Pedreira, todos van en el mismo saco del posible delito electoral.
EL PAÍS - Madrid / Valencia