Asociaciones por la memoria histórica presentarán una querella contra el juez Varela

Las asociaciones por la recuperación de la memoria histórica de Cataluña y de Mallorca presentarán el lunes una querella contra el magistrado del Tribunal Superior (TS), Luciano Varela, que el 6 de abril firmó un auto por el que se procesará al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por un presunto delito de prevaricación que habría cometido al investigar las desapariciones durante el franquismo.

Los firmantes del manifiesto, medio centenar de jueces y fiscales, de Jueces para la Democracia (JpD) y Unión Progresista de Fiscales (UPF), de la "izquierda judicial" lamentaron que los "herederos del franquismo" y defensores de su memoria sienten en el banquillo al juez Garzón, además, destacaron que el procedimiento judicial que deberá afrontar el juez constituye "un hecho doloroso e injustificable" y que "significa el resurgir de (des) valores" que "siempre" rechazaron.

La portavoz de la entidad mallorquina, María Antonia Oliver, indicó que la querella argumentará que Varela "ha prevaricado, porque las desapariciones forzosas no prescriben legalmente pese a los decretos de amnistía ya que son crímenes contra la humanidad. Varela lo sabe, y quien no se ajusta a derecho es él". Según el propio Oliver, con este auto de Varela, "el mensaje que se da es que cualquier juez que quiera investigar sobre estos crímenes se sentará en el banco de los acusados". Por contra, quienes fueron condenados por parte de los franquistas no solo no se hizo justicia cuando se les juzgó, sino que ahora en democracia tampoco se les hace, agregó Oliver, quien defendió el "derecho a tener justicia".

Por su parte, el presidente de la Asociación por la Memoria Histórica de Cataluña, Manel Perona, consideró que Varela, con su auto, "obvia el derecho humanitario e internacional más elemental", y además, ignoró a los 120.000 nombres de asesinados y desaparecidos que Garzón pretendía investigar.

Familiares indefensos

Perona consideró que se está aprovechando el auto de Varela sobre Garzón para que el debate sobre las denuncias por desapariciones forzosas y fusilamientos durante la Guerra Civil y el Franquismo "pasen en un segundo plano", por lo que sus descendientes se sienta ahora "indefensos".

"Las víctimas no pueden volver a ser juzgadas y condenados al olvido. Los tiempos han cambiado y hay que cumplir con los tratados internacionales", agregó Perona. El objetivo de las asociaciones catalana y mallorquina es que, tras presentar su querella contra Varela por prevaricación el lunes, otras entidades de esta naturaleza vayan sumándose al proceso, indicaron Perona y Oliver.

Perona también lamentó que quienes presentaron la querella, el sindicato Manos Limpias y la Falange, tuvieran acceso a todos los datos de las 120.000 personas que presentaron denuncias por desapariciones. "Las normas más elementales de protección de datos lo tendrían que haber impedido, ya que son parte interesada", agregó.

“Doloroso e injustificable”

Los firmantes del manifiesto, medio centenar de jueces y fiscales, de Jueces para la Democracia (JpD) y Unión Progresista de Fiscales (UPF), de la "izquierda judicial" lamentaron que los "herederos del franquismo" y defensores de su memoria sienten en el banquillo al juez Garzón en el marco de la causa que el Tribunal Supremo instruye el presunto delito de prevaricación al investigar los crímenes de la dictadura, además, destacaron que el procedimiento judicial que deberá afrontar el juez constituye "un hecho doloroso e injustificable" y que "significa el resurgir de (des) valores" que "siempre" rechazaron.

Tras destacar el compromiso de Garzón "en la lucha por los derechos" y la "conquista civilizatoria" alcanzada por algunas de sus investigadores como la instruida contra el dictador chileno Augusto Pinochet, el comunicado recalcó que el proceso instruido por el magistrado Luciano Varela, fundador de JpD, "rompe con valores constitucionales y pone en cuestión los compromisos internacionales en materia de derechos humanos adquiridos por el Estado español".

"Cuestionar la Ley de Amnistía con base en el derecho internacional, que niega validez a las normas de impunidad de los crímenes internacionales, no puede ser un hecho delictivo porque entra en la función del juez como intérprete de la legalidad ponderar las normas que debe aplicar", afirmaron los firmantes, que reconocieron no obstante que la causa abierta por Garzón contra el franquismo fue "arriesgada".

“Vergüenza nacional”

De igual modo, señalaron que "todavía subsisten algunos temas pendientes como consecuencia del olvido del pasado" y que la democracia "no ha sido capaz de reparar la memoria de las víctimas de la represión de la dictadura", hasta el extremo de que hay "miles de personas cuyos restos permanecen indignamente enterrados en fosas comunes o cuya suerte y su paradero es desconocido por su familiares".

Este "drama", que calificaron de "vergüenza nacional", resultó "particularmente hiriente" si se considera que la jurisprudencia española "ha sido eficaz de perseguir a criminales contra la humanidad por ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas sistemáticas o apropiación de niños cometidos en otros países", entre los que citan Chile.

Entre los firmantes del manifiesto se encuentran los jueces de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, Javier Martínez Lázaro, Ramón Saéz, José Ricardo de Prada y Ricardo Bodas presidente de la Sala de lo Social, el magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín y los ex fiscales Carlos Jiménez Villarejo, Carlos Castresana y José María Mena.